martes, 10 de mayo de 2011

UNA ADVERTENCIA A LAS EMPRESAS QUE ABUSAN AL IMPONER SERVICIOS MÍNIMOS EXCESIVOS

El 50% de servicios mínimos que impuso la Consejería de Transportes ha sido anulada por el TSJM por ilegal y abusiva
 

 

 

 

 

 

 

 

La sentencia sobre la huelga 

de Metro de Madrid da la 

razón a los sindicatos

06/05/2011 | UGT
La anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de los servicios mínimos del 50% impuestos por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid en la huelga de Metro del pasado día 28 de junio de 2010, debe ser interpretada como una clara advertencia al Gobierno de la citada Comunidad en su empeño por agravar los conflictos laborales con decisiones claramente arbitrarias, ilegales y abusivas.
Los sindicatos representados en Metro de Madrid –entre los que se encuentra UGT– ya manifestaron la ilegalidad de unos servicios mínimos abusivos en los que ni siquiera se establecieron distinciones entre los servicios en horas punta y horas valle, ni tampoco la complementariedad de determinadas rutas y destinos con otros modos de transporte alternativos.
En definitiva, lo que entonces se llevó a cabo por parte de la Consejería de Transportes de la CAM fue una iniciativa más política que de gestión, con una intencionalidad manifiesta: colocar a los sindicatos en el ojo del huracán, señalándolos como los únicos culpables de una situación que ellos no generaron, ahondando así en la campaña antisindical que las organizaciones sindicales vienen sufriendo desde hace tiempo por una parte de la derecha mediática y política.
Para UGT, imponer unos servicios mínimos del 50% roza la provocación y, desde luego, está muy lejos de ser una iniciativa conciliadora que permita a los trabajadores ejercer el legítimo derecho a la huelga y a los ciudadanos disponer de unos mínimos en el transporte. El relato de los hechos contrasta, además, con los acuerdos sobre servicios mínimos a los que se llegó con el Ministerio de Fomento en la pasada Huelga General, relativos a los distintos modos de transporte que están bajo su competencia.
Entonces, sí existió voluntad de acuerdo y éste puso de manifiesto la perfecta cohabitación entre el interés del ciudadano y los derechos de los trabajadores. En la Comunidad de Madrid no pudo ser porque el Gobierno de Esperanza Aguirre no quiso y para ello cometió una ilegalidad. Y así se lo ha hecho saber esta sentencia del TSJM.

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